Durante las últimas décadas, el crecimiento y la diversificación de la producción, el tráfico, la comercialización y el consumo de drogas ilegales han sido significativos, y ello ha dado cuenta de las limitaciones y deficiencias de las estrategias de control inauguradas en los años ’70 y profundizadas en los ’80 y ’90.
El discurso belicista tan en boga en el ámbito internacional en cuyo marco el control del narcotráfico es abordado como una “guerra contra las drogas” encubre el fracaso de las políticas prohibicionistas.
Los acuerdos internacionales para el control de drogas están basados en esta impronta claramente malograda. Durante las últimas décadas, bajo esta égida guerrera se ha incrementado sensiblemente la población de consumidores de todo tipo de drogas prohibidas; se ha multiplicado la producción mundial de drogas ilegales así como la calidad de las diversas sustancias; se han estructurado una infinidad de mercados altamente estratificados por tipo y calidad de producto, por precio y por capacidad adquisitiva; se han diversificado las modalidades y los canales de tráfico y tránsito internacional de drogas prohibidas; se han extendido y dinamizado los grupos organizados delictivos abocados al negocio del narcotráfico; se han incrementado los márgenes de rentabilidad y de beneficios brutos y netos de estos grupos; se han extendido sin miramientos los circuitos de lavado de dinero y de uso de los fondos provenientes del narcotráfico en actividades legales e ilegales; se ha extendido la corrupción política, judicial y/o policial vinculada al negocio del narcotráfico; se han profundizado los anacronismos y las deficiencias de las instituciones policiales ante la complejidad y el dinamismo del accionar de los grupos narcotraficantes.
En definitiva, la guerra y la criminalización ilimitada han generado un negocio fabuloso y le dan sustento a una de las empresas criminales más desarrollada del mundo moderno.
Todo esto, además, ocurre en un contexto en el que el discurso belicista ha postulado como objetivo estratégico la derrota total del narcotráfico traducido en la desarticulación de mercados, consumidores, grupos delictivos y la desaparición de las sustancias. A eso, pues, le llamo fracaso.
Esta evidencia reclama una nueva mirada tanto global como específica que debe tener visos de innovación. Pero ello debe partir de una consideración fundamental: el crecimiento y la complejización del narcotráfico a nivel global ha estado básicamente determinado por la fabulosa demanda de drogas ilegales que se sostiene y amplía continuamente en los países centrales de mayor desarrollo económico, en particular, aquellos países del mundo occidental en cuya sociedades se han estructurados mercados de consumo minorista cada vez más extensos y diferenciados.
Sería una falacia insostenible afirmar que la oferta determina la demanda porque ello conduciría a “fetichizar” a la sustancia, a darle vida y a creer que ella, por sí mismo, crea las condiciones políticas, sociales, culturales y económicas para su consumo.
De la única manera que los países periféricos en los que se producen y por los que se trafican algunas de las drogas ilegales ampliamente consumidas en los países centrales tengan un concernimiento responsable en el esfuerzo internacional tendiente a conjurar el narcotráfico es que se reconozca que en el plano internacional existen responsabilidades compartidas.
Los países del Cono Sur constituyen corredores de tránsito internacional de drogas ilegales. Así fue señalado por los principales organismos multilaterales especializados en la materia y por los gobierno de la región.
No obstante, en los últimos tiempos, en estos países se han desarrollado nuevas tendencias dadas por el crecimiento del consumo y la articulación de mercados minoristas inexistentes hasta entonces; el aumento del contrabando de precursores químicos -en particular, en aquellos países como la Argentina que cuentan con una industria farmacéutica y química desarrollada-; y la conformación de ciertos circuitos y plazas auspiciosas para el lavado de dinero sucio.
Ello, en alguna medida, ha estado apuntalado por el crecimiento relativo de la mayoría de nuestras economías pero también por algunas deficiencias institucionales que deben ser abordadas sin tapujos. El 11 de junio del año pasado, el Doctor Aníbal Fernández, actual Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos sostuvo apropiadamente que “en la Argentina, las políticas estatales [contra el narcotráfico] han sido de corte netamente represivo, han estado desprovistas de coordinación interjurisdiccional y han sido erráticas, encaminando sus esfuerzos en perseguir al consumidor”, todo lo cual ha desembocado, según sus propias palabras, en “un total y rotundo fracaso, toda vez que los procedimientos son cada vez mayores pero las cárceles están llenas de adictos o pequeños comerciantes”.
Ello ha sido así. En efecto, en la Argentina, la ausencia de políticas integrales en materia de control del narcotráfico ha respondido a ciertas deficiencias significativas cuya superación requiere de un conjunto de acciones institucionales básicas.
En primer lugar, resulta indispensable el desarrollo de un cuadro de situación actualizado e integral del narcotráfico en el país, en todo lo atinente al tráfico, tránsito, comercialización y consumo de drogas ilegales así como a la producción y comercialización de precursores químicos y al lavado de dinero.
Dicho diagnóstico situacional debería desarrollarse en dos niveles en función de dos objetivos fundamentales.
En el plano estratégico, a los efectos de dar cuenta de las problemáticas fenomenológicas del narcotráfico en función de la formulación de las políticas estatales de control de drogas ilegales.
Y en el plano táctico, a los efectos de dar cuenta de las actividades y acciones concretas del narcotráfico así como de los grupos y redes narcotraficantes en función de una respuesta policial.
La experiencia regional nos indica que aquellos países que no tiene la capacidad de construir un diagnóstico situacional apropiado acerca de la situación del narcotráfico quedan a expensas de que dicho cuadro de situación sea realizado e impuesto por las agencias policiales y de investigación de los países dominantes de la región, siempre de acuerdo con sus perspectivas y con sus intereses, los que no siempre son convergentes con los nuestros.
Pero para ello se debe abandonar la tendencia política a negar u ocultar la problemática del narcotráfico bajo la perspectiva de que el reconocimiento público de su existencia y de su crecimiento coloca a los gobernantes en el banquillo de los responsables directos de dicha situación.
En consecuencia, las problemáticas del narcotráfico deben ser incorporadas en la agenda gubernamental de seguridad pública como un asunto prioritario pero siempre a partir de un cuadro de situación autónomamente definido conforme las perspectivas e intereses nacionales.
En segundo término, parece necesaria la creación de una dependencia superior del gobierno que concentre las responsabilidades de formulación de las políticas y estrategias de control de drogas ilegales y las de conducción del sistema institucional encargado de su implementación, especialmente, en materia de seguridad pública e intervención policial. Ello, a su vez, debería ir acompañado necesariamente de la actualización y modernización de las bases legales y normativas del sector así como de la conformación de un servicio civil especializado en el control del narcotráfico.
Como cualquier otro aspecto de la seguridad pública, las estrategias de control del narcotráfico no constituyen un asunto exclusiva ni predominantemente policial sino que configuran una cuestión política que debe ser definida, abordada y formulada por las autoridades gubernamentales.
Sin embargo, la reversión de la tradicional tendencia política a delegar la elaboración y ejecución de las acciones de control del narcotráfico en las agencias policiales hace imprescindible la ampliación de la capacidad de gestión gubernamental en el sector.
Es en función de ello que adquiere relevancia la creación de una dependencia de gobierno especializada que sirva de instancia de conducción del sistema institucional y policial abocado a este conjunto de labores institucionales en nuestro país.
Finalmente, es indispensable emprender un profundo proceso de modernización policial tendiente a superar dos defectos que cercenan un accionar policial eficiente en la materia.
Por un lado, el pronunciado anacronismo y desactualización orgánica, funcional y doctrinal de las instituciones policiales frente al aumento y la complejización del narcotráfico.
Y, por el otro lado, la existencia de bolsones de corrupción policial volcados a la regulación y protección de actividades delictivas de altísima rentabilidad económica, entre ellas, del narcotráfico.
Nuestro país no cuenta con un dispositivo policial unificado y especializado en el control del narcotráfico, lo que, entre otras cosas, ha dado lugar –al menos en el ámbito federal- a una pronunciada fragmentación institucional cuya expresión más elocuente ha estado dada por la autonomía con que cada institución policial ha formulado e implementado sus propias estrategias y acciones de lucha contra esta problemática criminal.
Habría que evaluar seriamente y sin mezquindades organizacionales si no llegó la hora de conformar una Agencia Federal de Seguridad Compleja abocada a conjurar determinadas modalidades de la criminalidad organizada, entre ellas, el narcotráfico. Dicha agencia conformaría un sistema integrado de conducción superior, de inteligencia criminal, de despliegue y labor operacional y de desarrollo táctico integrado del sistema policial dedicado al seguimiento de este conjunto de problemáticas.
Asimismo, no debería perderse de vista que la modernización institucional propuesta requiere de inversión pública destinada a afrontar los gastos que demanden la infraestructura policial adecuada, la formación y capacitación especializada del personal policial y el mejoramiento salarial del mismo.
No se puede hacer frente eficientemente a la criminalidad de alta rentabilidad económica con instituciones policiales pobres, dotadas de presupuestos insuficientes que favorezcan el financiamiento ilegal de las mismas mediante la estructuración de mecanismos de recaudación ilegal de fondos.
Ello abre la puerta para que las poderosas organizaciones criminales que están detrás de los negocios de referencia consigan controlar por medio de su fabulosa capacidad corruptiva a sectores o grupos policiales abocados a su control y desarticulación.
En fin, se trata de ir adecuando el andamiaje institucional tanto político como policial a los nuevos desafíos que se imponen en un tema tan sensible. Ello reclama abandonar la tradicional indiferencia política ante el tema y apropiarse de una problemática que ha sido históricamente gestionada por las instituciones policiales sin los resultados auspiciosos que todos esperamos.
Tengo la esperanza que este encuentro constituya un ámbito favorable a un abordaje crítico e inteligente de algunas de las cuestiones mencionadas. Muchas gracias.
fuente:
MARCELO FABIAN SPAIN
FOROS DE SEGURIDAD.
http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4161.htm
